Fundación Convivir, fue invitada participar -a través de su presidente la Lic. Mercedes Aranguren y en carácter de expositora- en las jornadas que, sobre el tema “Despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal”, se llevaron a cabo los días 6, 7 y 13 de junio del corriente año en la Cámara de Diputados de la Nación. La convocatoria fue realizada por la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, presidida por el Diputado Mario Fiad.
Durante el encuentro estuvieron presentes diputados de varias bancadas, representantes de organismos públicos, asociaciones civiles, agrupaciones cannábicas, curas villeros y madres contra el paco. En ese contexto, la Lic. Aranguren contó el trabajo que Fundación Convivir lleva a cabo a diario en la prevención y asistencia de las adicciones y manifestó que “la adicción es una enfermedad porque está demostrado científicamente que el consumo de sustancias altera el normal funcionamiento del sistema nervioso central, especialmente en las cortezas inhibitorias frontales y en los procesos de toma de decisión y jerarquización de valores”. Además, alertó sobre el poder que las sustancias en sí mismas pueden tener, según las personas, para generar esta dependencia. Por eso, dijo, “no deberíamos poner el énfasis únicamente en la libertad de elección del usuario. El dependiente necesita ayuda para iniciar un tratamiento”.
También hizo hincapié en la necesidad de revisar el mensaje que se está dando al decir que fumar marihuana es inocuo, naturalizando el consumo, y, si bien apoya la despenalización, instó a analizar con detenimiento en qué contexto se va a dar.
Por último, habló de la nueva ley de salud mental e invitó a que se defina claramente “qué es estar en riesgo cierto inminente”, ya que no hay acuerdo en su interpretación entre los jueces y los profesionales de la salud; además de manifestarse en contra del permiso a consumir en el espacio público y plantear la necesidad de poner en práctica la prevención integral y de sentar las respuestas concretas desde la salud pública a las necesidades reales y a las consecuencias sociosanitarias “de una legislación que indirectamente naturaliza el consumo sin medir las dificultades de accesibilidad al tratamiento de los usuarios”.
